Hoy comienza a regir la prohibición de publicar encuestas con resultados sobre la próxima elección presidencial. Esta restricción es una mala idea, porque atenta contra un principio central de la democracia: los ciudadanos, como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones, requieren de información de acceso público.
Habitualmente, esta medida se basa en el supuesto de que los resultados de las encuestas pueden influir en las preferencias de voto. Sin embargo, un resumen de la investigación en el área, encargado por ESOMAR y WAPOR -dos organizaciones internacionales que promueven estándares técnicos, profesionales y éticos de la práctica de encuestas-, muestra que las encuestas inciden muy poco o nada sobre las preferencias de voto.
Más aún, la prohibición tiende a producir una situación peor que la que intenta prevenir. Las encuestas se realizan de todos modos y circulan rumores sobre sus resultados o de estudios falsos que ni siquiera se han realizado. Esta situación se observó en las elecciones en Francia y Túnez hace algunos años. Cuando rige la prohibición, las encuestas no son de dominio público, no hay transparencia y es imposible evaluar su metodología o verificar de forma independiente los resultados.
Por estas razones, WAPOR rechaza cualquier legislación que restrinja indebidamente la libertad de realizar y publicar encuestas de opinión pública, ya que las encuestas de opinión pública ofrecen información valiosa a los ciudadanos en una sociedad democrática y libre.
Sin embargo, para avanzar en transparencia no solo es necesario reducir el periodo de prohibición de la publicación de encuestas o eliminarlo del todo; también es necesario que las organizaciones que realizan encuestas electorales sean transparentes reportando su metodología.
En Chile, abundan las encuestas web respondidas por personas que no fueron seleccionadas al azar, requisito para que una encuesta sea representativa de la población. A menudo, no reportan el método usado para reclutar a los participantes y muestran márgenes de error como si la selección fuera aleatoria, pero no lo fue.
Otro problema común en Chile es que varias encuestas que miden preferencias políticas no dan cuenta del porcentaje de la muestra entrevistada que votará, por lo que no podrían calificarse como electorales. Las que sí lo hacen, no reportan adecuadamente cómo lo obtuvieron. Tampoco es habitual la publicación de la base de datos, de modo que es imposible verificar sus resultados. En un escenario de voto voluntario, volátil y competitivo, medir quienes probablemente votarán es crucial.
La Asociación Americana de Opinión Pública recomienda a quienes hacen estudios de opinión que publiquen ciertos datos: quién financió la investigación, los cuestionarios, la metodología usada para seleccionar la muestra –si fue seleccionada al azar o no-, modos de contacto, las fechas de las entrevistas, los márgenes de error, las tasas de participación, los procesos de cómo se ponderan los datos y las limitaciones del diseño muestral, entre otros.
Así, más transparencia en el reporte de la metodología, junto a la ausencia de prohibición, son cruciales para evaluar la calidad de las encuestas y para que las personas que quieren conocer el estado de la opinión pública se informen adecuadamente.
