Se vuelve a aplicar la prohibición de difundir los resultados de encuestas electorales durante los quince días previos a una elección. Esta medida, una de las más restrictivas a nivel mundial según un reporte publicado este año por Esomar y Wapor, dos prestigiosas organizaciones internacionales enfocadas en estándares de encuestas, solo es equiparable en duración a seis de 157 países estudiados, incluyendo Burkina Faso, Montenegro y Paraguay, y es superada solamente por la extensión de la veda vigente en Madagascar, Túnez, Kirguistán y Honduras.
Se argumenta que esta restricción es benigna debido a la supuesta influencia de las encuestas en las preferencias de la ciudadanía. Sin embargo, un análisis exhaustivo de la evidencia, encargado por Esomar y Wapor, revela que el impacto real de las encuestas en la decisión de voto es, si alguno, mínimo y, en muchos casos, inexistente. Esta perspectiva ignora que la preferencia electoral se ve influenciada por una variedad de factores más allá de los resultados de las encuestas.
Más aún, durante la veda de las encuestas, pueden ocurrir cambios de preferencias electorales. Un ejemplo claro de la dinámica cambiante del electorado se observó en la primera vuelta presidencial chilena de 2021. Una encuesta presencial que realizamos en LEAS-UAI, después de esa elección, mostró que aproximadamente un tercio de los votantes tomó su decisión en las semanas previas a las elecciones, cuando operaba la veda. En efecto, tras el debate de Anatel realizado poco antes de las elecciones, las encuestas que circularon “privadamente” registraron una caída de las preferencias por Kast y un alza en el apoyo a Sichel. Si nos hubiéramos quedado con los sondeos publicados antes de la veda, el apoyo a Kast habría sido sobreestimado y las encuestas habrían sido juzgadas injustamente.
La experiencia internacional muestra que las encuestas realizadas más cerca de las elecciones son generalmente más precisas. La prohibición actual no solo impide esto, sino que también fomenta la difusión de rumores y encuestas falsas, a menudo más perjudiciales que las encuestas legítimas. Además, las élites políticas suelen tener acceso a las encuestas que circulan “privadamente”, dejando al ciudadano promedio en desventaja.
Por todo lo anterior, propongo reconsiderar la duración de esta veda. Reducirla a tres días, como es común en Europa, sería un paso más razonable y equilibrado para proteger la integridad del proceso electoral y la información disponible para los votantes.
