El debate abierto en torno al proyecto de ley que busca regular el estándar técnico, la transparencia y el financiamiento de las encuestas electorales es necesario y oportuno. En un contexto de creciente desconfianza hacia distintas instituciones, las encuestas no han quedado al margen del escrutinio público. Sin embargo, no toda respuesta regulatoria mejora la calidad de la información ni fortalece la democracia.
Desde el Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) se ha sostenido de manera consistente que Chile necesita avanzar hacia mayores niveles de transparencia en la producción y difusión de encuestas electorales. En esa línea, el proyecto contiene un elemento positivo que vale la pena destacar.
“Es positivo exigir la publicación de cuestionarios, tasas de respuesta, ponderadores y financiamiento, ya que eso alinea al país con los estándares internacionales”, afirmó el director de LEAS-UAI, Ricardo González, a El Mostrador.
Abrir esta información básica es una condición mínima para evaluar la calidad de los estudios que circulan en el debate público.
No obstante, el proyecto también presenta problemas de fondo. El más relevante es que se construye sobre una premisa empíricamente débil: la idea de que las encuestas influyen fuertemente en el comportamiento electoral.
En conversación con El Mostrador, González señaló que “la evidencia internacional muestra que el impacto real de las encuestas en la decisión electoral es mínimo o inexistente. Las preferencias de los votantes responden a factores mucho más profundos que los resultados de un estudio de opinión”.
Cuando el diagnóstico es incorrecto, las soluciones regulatorias tienden a serlo también.
Uno de los aspectos más problemáticos de la propuesta es el mecanismo de depósito previo obligatorio ante el Servel y la posibilidad de suspender la divulgación de encuestas por supuestas deficiencias metodológicas. En la práctica, este diseño introduce un control previo sobre la información que puede terminar operando como una restricción encubierta a su circulación.
En esa línea, el director de LEAS-UAI advirtió a El Mostrador que “el proyecto recurre a un mecanismo —el depósito previo obligatorio y la facultad de suspender estudios— que en la práctica podría funcionar como una veda encubierta”.
El problema no es solo normativo, sino también técnico.
La experiencia comparada muestra que “las encuestas más precisas son las que se realizan y se publican lo más cerca posible del día de la elección”.
Por lo que exigir un depósito con antelación introduce retrasos que dificultan capturar escenarios electorales volátiles, como los que Chile ha experimentado desde 2021.
El proyecto también asigna a la autoridad electoral la facultad de evaluar la calidad metodológica de los estudios y, eventualmente, suspender su difusión. Este punto es especialmente delicado.
Al respecto, González explicó a El Mostrador que “la evaluación técnica de una encuesta requiere tiempo, experticia y debate metodológico, no decisiones administrativas rápidas”.
Más aún, el director de LEAS-UAI agregó que:
Este tipo de atribuciones “pueden terminar funcionando como censura involuntaria, más aún considerando que la autoridad electoral no tiene la capacidad de evaluar diseños de muestreo, la calidad de una muestra y de las preguntas usadas para evaluar las preferencias electorales o los procedimientos para construir los ponderadores estadísticos”.
La calidad metodológica no se determina por decreto ni en plazos perentorios; se discute, se contrasta y se evalúa públicamente.
Existe, además, un efecto que suele quedar fuera del debate legislativo.
En conversación con El Mostrador, González subrayó que “este tipo de controles previos no mejora la calidad de la información, sino que la restringe, crea asimetrías y termina afectando al votante común más que a las élites, que siempre tiene acceso a encuestas privadas”.
La restricción de la información no elimina las encuestas: simplemente las privatiza. En contextos electorales, eso debilita la deliberación pública y profundiza desigualdades informativas entre ciudadanos y actores con acceso privilegiado.
Si el objetivo es fortalecer la confianza en las encuestas electorales, el camino no es cerrar el flujo de información, sino abrirlo.
Como sostuvo el director de LEAS-UAI a El Mostrador, “la forma correcta de fortalecer la confianza en las encuestas es abriendo la caja negra metodológica, no cerrando aún más el flujo de información en periodos electorales”.
Chile necesita una regulación que exija transparencia, que permita evaluar críticamente los estudios, comparar metodologías y discutir errores cuando existan. Lo que no necesita es una legislación que, partiendo de un diagnóstico equivocado, termine restringiendo el acceso a información relevante justo cuando más personas toman decisiones electorales.
