Tras la caótica conmemoración de los dos años desde el “Estallido Social” del 18 de octubre de 2019, resurgió con fuerza en el debate presidencial el tema del orden público. Por un lado, los candidatos de izquierda Yasna Provoste y Gabriel Boric criticaron al gobierno por ser incapaz de controlar la situación e intentar atribuirle la responsabilidad a ellos. El candidato de derecha José Antonio Kast afirmó que Provoste y Boric estaban desviando la atención del proyecto de indulto que han apoyado para los individuos en prisión preventiva tras ser detenidos en el marco del Estallido. Tanto Kast como Sebastián Sichel (y personeros del gobierno) han visto este proyecto como una justificación de la violencia y los atentados contra el orden público. Si bien todos los candidatos remarcan la importancia del orden público y la paz social, lo hacen con distintos énfasis que quedan claros en sus diversas reacciones a los recientes hechos de violencia y destrucción que se dieron en la noche del 18 de octubre. El orden público se vuelve una prioridad especialmente saliente tras episodios de violencia tan mediáticos como los observados el 18 de octubre, pero existen también otras prioridades que puede levantar un candidato en sus discursos y programa: la inflación, la participación de la ciudadanía en el gobierno, y los derechos y libertades civiles son algunas de ellas.
Para hacer una contribución sustantiva al debate electoral, quisimos indagar en el grado de prioridad que entregan los ciudadanos al orden público en comparación con otro tipo de prioridades que puede fijarse un país. ¿Qué tan alineadas están las prioridades de los candidatos con aquellas del electorado al que deben tratar de convencer? Para averiguarlo, preguntamos a los chilenos sobre cuáles creen que deben ser las prioridades del país en los próximos diez años, entre cuatro opciones cerradas de respuesta. De las cuatro opciones disponibles, dos apuntan a valores materialistas en el esquema de materialismo/postmaterialismo del cientista político Ronald Inglehart:1 “Mantener el orden en la nación” y “Combatir el alza de precios”. Por otro lado, dos opciones capturan valores postmateriales: “Dar mayor oportunidad a la gente de participar en decisiones gubernamentales importantes” y “Proteger la libertad de expresión”. Se incluyen estas cuatro alternativas y no otras justamente porque la pregunta es parte del proyecto internacional “Valores en Crisis”, cuya ejecución en Chile está a cargo de LEAS, y que sigue a grandes rasgos el marco conceptual sobre cambio valórico de Inglehart, adaptado por el profesor Christian Welzel, líder del proyecto “Valores en Crisis”.
A nivel total, la opción que recibe más preferencias como primera prioridad es dar oportunidades de participación en decisiones gubernamentales (35%), y las opciones de mantener el orden público (25%) y combatir el alza de precios (21%) le siguen en segundo y tercer lugar. La libertad de expresión es la opción que menos se elige como primera prioridad: solamente 13%. Sin embargo, esta distribución de prioridades cambia bastante al separar a la población según su posición política declarada en una escala del 1 al 10. Decimos que las personas se identifican con la izquierda cuando se ubican entre 1 y 4 en la mencionada escala; se identifican con el centro cuando responden 5 o 6 en tal escala; y que se identifican con la derecha cuando las personas encuestadas se ubican en algún punto entre 7 y 10. La distribución de prioridades por posición política se ilustra a continuación.
Para los encuestados de izquierda, mantener el orden es visto como poco importante: solo 10% lo menciona como primera prioridad. Lo más prioritario para este grupo es dar oportunidades a la gente para participar en decisiones gubernamentales: uno de cada dos encuestados de izquierda (50%) seleccionó ésta como la principal prioridad. El alza de precios y la libertad de expresión ocupan los últimos lugares, similar al total nacional. Para los encuestados de derecha, en cambio, la prioridad que seleccionan con más frecuencia, también uno de cada dos (49%), es justamente mantener el orden en la nación. De lejos, le sigue la opción de mayor participación (21%) y el alza de precios (19%). En cambio, la libertad de expresión es vista como aún menos prioritaria que en los otros grupos: solo 7% de los encuestados de derecha la consideran la primera prioridad. En el centro político, finalmente, la participación de la gente en las decisiones es la prioridad más frecuente (34%), aunque no tanto como para la izquierda. Mantener el orden y combatir el alza de precios tienen similar importancia (21% y 22% respectivamente) para los encuestados de centro, y la libertad de expresión es levemente más popular (15%) que en los otros grupos. Los encuestados de centro también dicen no saber o no responden con algo más de frecuencia (8%) que los otros grupos.
Observando estos resultados, quizás la mayor conclusión es que los encuestados de derecha colocan mucha más primacía en el orden público que los de izquierda. Esto es congruente con los discursos de los candidatos de derecha, que enfatizan el “vandalismo” y la necesidad de imponer orden y resguardar el Estado de Derecho en vez de mantener un “silencio cómplice” o “defender a los vándalos”. Efectivamente, es probable que estos discursos resuenen más en los electores de derecha, y en un 21% de los identificados con el centro. Por otro lado, los candidatos de izquierda enfatizan la distinción entre la “protesta social” y la “delincuencia común”, y hablan del “pueblo movilizado” que condujo al actual proceso constituyente, en virtud del cual esperan que “en unidad y respetándonos” se pueda “construir un Chile digno y justo para todos y todas”. Incluso en el contexto del orden público, los candidatos de izquierda apelan a la participación política del “pueblo”, y la participación de “todos y todas” en los procesos. Es decir, hablan también a su nicho: aquel 50% de los encuestados de izquierda que considera prioritario dar a la gente mayores oportunidades de participación en la toma de decisiones gubernamentales.
