En solo quince meses, los ciudadanos chilenos dieron dos portazos sucesivos a las propuestas constitucionales que elaboró la élite política para intentar cerrar el proceso abierto el 25 de noviembre de 2019 con el fin de procesar las demandas generadas en el llamado estallido social. Ya pasada la etapa inicial —y más álgida— de las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019, los ciudadanos se han movido en el campo de la moderación: no hay ningún estudio de opinión pública que no muestre que la mayoría de los chilenos se sigue ubicando en posiciones muy moderadas en la escala izquierda/derecha. Sin embargo, sus representantes oscilaron de un extremo a otro, promoviendo proyectos constitucionales altamente ideológicos y muy alejados de las expectativas de los votantes. Así, la distancia entre la clase política y los ciudadanos se expresó de forma contundente, tanto en septiembre de 2022, como ayer domingo.
Probablemente, nuestro proceso sea materia de estudio en distintos lugares del mundo. Costará encontrar un caso similar, en que en sólo quince meses los ciudadanos de un país elijan dos veces a los integrantes de un órgano constitucional, dándole en cada ocasión a un grupo político una amplísima mayoría para actuar para, poco después, oponerse de manera abrumadora a la propuesta de ese organismo. Concluidas ambas fases, ya podemos describir que tanto en la Convención (2021-2022) como en el Consejo (2023) las respectivas mayorías se comportaron de forma casi tiránica, sin contemplación por la minoría. Predominó un ánimo de revancha, de imposición, sobre los intentos de diálogo y entendimiento. Sin duda, el hecho de que en ambos procesos la minoría no haya alcanzado el quórum mínimo para bloquear, o al menos sentarse a negociar, las reformas, contribuyó a esta dinámica. Sin la coacción de la estructura política, desapareció el ánimo de entendimiento. La manida frase de la Constitución como «una casa común» se hizo cada vez más lejana; incluso, una metáfora ingenua o poco creíble.
Al cierre de estos dos procesos constitucionales es poco lo que queda para sacar en limpio. La hábil estrategia de la clase política para contener las demandas políticas y la violencia imperante en 2019 a través del acuerdo político más amplio de Chile —aun más que el Acuerdo Nacional que en 1985 promovió la Iglesia Católica y que sentó parte de las bases para la vuelta a la democracia—, no consiguió proyectarse, y finalizamos con un proceso truncado y sin cierre. Gracias a ese acuerdo de noviembre de 2019, la élite pudo gestionar el malestar —la aparición de la pandemia también ayudó a esa tarea, debe decirse— y salvarse a sí misma, pero nunca pudo conducir un proceso de cambios en orden, como demandaban los ciudadanos. Al final, nos encontramos con una oposición y un gobierno muy débiles, incapaces de lograr acuerdos. Hoy deben enfrentar a una ciudadanía que terminó con un sentimiento de hastío y desconfianza profundos.
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Lo que parece quedar es un proceso político que se mueve como por inercia; sin horizontes definidos ni actores capaces de generar inflexiones. El único gran consenso ahora —el único desde 2019— es que no habrá un tercer proceso constituyente en el corto plazo (en eso han coincidido desde Daniel Jadue a José Antonio Kast). Todavía son muchos los análisis por hacer, y será clave lo que hagan los principales actores en las próximas semanas.
El gobierno buscará retomar la agenda. Ya llegamos casi a la mitad del mandato de Gabriel Boric, y no se ha conseguido aprobar ninguna de sus reformas más importantes. Lo dijo el Presidente anoche en su discurso televisado: lo inmediato serán las reformas a las pensiones y «el pacto fiscal». El mandatario también prometió actuar desde la humildad, y recalcó que se seguirá trabajando en la agenda de seguridad ciudadana. No hubo tentaciones ni en el Ejecutivo ni en los partidos que lo apoyan de presentar como un triunfo un resultado que claramente no lo es. Si acaso algo se obtuvo fue un leve alivio y un poco —muy poco— de tiempo extra.
Pese a los emplazamientos de la oposición, lo fundamental en estas horas ha sido un discurso común de unidad. La búsqueda de una estrategia para reagrupar a partidos que estuvieron en conflicto y que incluso se dividieron al momento de votar. Después de ese reagrupamiento, vendrá la disputa por el liderazgo del sector.
La reciente campaña previa al plebiscito, especialmente en la franja electoral alcanzó un alto grado de beligerancia. Pero ya vemos cómo la búsqueda de polarizar la elección no tuvo buenos resultados, tal como ha ocurrido en varios otros países en los últimos años. La seguridad ciudadana y la regulación de la inmigración siguen siendo temas relevantes para los chilenos, pero no parecen haber jugado un rol relevante en su decisión electoral de ayer. De hecho, en las regiones fronterizas del norte, donde estos temas son más urgentes, el “En contra” tuvo muy buenos resultados (revirtiendo lo sucedido en elecciones previas, con alta votación para el los partidos De la Gente y Republicano).
La buena noticia es que, a diferencia de su clase política, los ciudadanos chilenos no sólo son políticamente moderados, sino que también siguen creyendo en la democracia. La participación fue altísima; los votos nulos y blancos, irrelevantes. La jornada electoral se desarrolló sin problemas, y tres horas después de cerradas las urnas el Servel había informado los resultados con más del 99 por ciento de las mesas escrutadas. Quizá ese puede ser el piso institucional para un proceso político más sintonizado con los ciudadanos en el futuro.